Chiapas dice basta: cuando la ley se convierte en un acto de dignidad
En Chiapas, donde las desigualdades históricas han dejado profundas heridas sociales, cada avance legislativo que busca proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes debería recibirse no sólo como un logro técnico, sino como un compromiso ético. La reciente sesión de las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género, presidida por el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, se inscribe precisamente en ese marco. La aprobación por unanimidad del dictamen para reformar diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de abuso sexual es más que una actualización normativa: es la afirmación pública de que la violencia sexual no tendrá cabida en nuestra entidad.
Y es que este delito, como bien se señaló durante la sesión, es una de las expresiones más devastadoras de violencia en nuestra sociedad. Destruye cuerpos, silencia voces y marca vidas enteras. Para enfrentarlo, no basta con indignarse: se necesitan leyes firmes, instituciones que funcionen, comunidades informadas y una cultura que deje de normalizar el abuso.
Las cifras que obligan a actuar
Los datos recientes no dejan espacio para la indiferencia. Entre enero y octubre de 2025, el estado registró 531 denuncias por agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes, un incremento del 8 % respecto al mismo periodo de 2024. De estos delitos, la pederastia aumentó de 94 a 133 denuncias, un alarmante 41 % de crecimiento. Aunque los casos denunciados de violación también crecieron ligeramente, el simple ascenso de estas cifras debería sacudirnos como sociedad.
Si ampliamos la mirada, el panorama no mejora. En los primeros ocho meses de 2025 los delitos sexuales en general pasaron de 394 (2024) a 412, un aumento del 5 %. Y si retrocedemos un poco más, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) revela que en Chiapas 27.9 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Peor aún: 96.3 % de quienes fueron violentadas no denunció ni buscó ayuda.
Esta “cifra negra” no sólo refleja desconfianza institucional; evidencia los miedos, las presiones familiares, la revictimización y el silencio estructural que rodea este tipo de violencia. Por eso, cualquier reforma penal que aspire a ser transformadora debe estar acompañada de rutas efectivas de denuncia, acompañamiento psicológico, trabajo comunitario y educación sexual con perspectiva de género.
La reforma: un mensaje claro, pero también un punto de partida
La reforma aprobada por las Comisiones Unidas es un paso firme. Envía un mensaje inequívoco: en Chiapas no se tolerará ninguna forma de violencia sexual. Es, además, una señal de voluntad política y coordinación institucional frente a un problema que exige decisiones valientes.
En la primera mitad de 2024, la Fiscalía General del Estado inició 1,667 denuncias por violencia de género y delitos sexuales, logrando 31 órdenes de aprehensión y 63 vinculaciones a proceso. Son avances, sí, pero insuficientes si consideramos la magnitud del problema.
Una reforma penal que no esté acompañada de políticas públicas integrales corre el riesgo de convertirse en letra muerta. La ley debe ser un punto de partida, no un punto de llegada.
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