Municipios capturados: cuando el poder local se vuelve aliado del crimen

La detención del presidente municipal de Cintalapa, Ernesto “N”, por presuntos delitos de corrupción, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos, y la apertura de una carpeta adicional por su posible vinculación con grupos criminales, no es un hecho aislado ni menor. Es, por el contrario, una señal de alarma que vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuántos gobiernos municipales en Chiapas han sido cooptados, infiltrados o sometidos por el crimen organizado? La aprehensión del edil ocurre en un contexto donde la frontera entre autoridad y delincuencia parece cada vez más difusa, especialmente en regiones donde el poder local es débil, vulnerable o, peor aún, cómplice.

El municipio es el primer contacto entre el Estado y la ciudadanía. Cuando un presidente municipal presuntamente utiliza su cargo para enriquecerse, abusar del poder o —más grave aún— tejer relaciones con grupos criminales, el daño no solo es administrativo, es estructural. Se erosiona la confianza pública, se normaliza la impunidad y se abre la puerta para que el crimen organizado controle territorios, decisiones y presupuestos. En ese escenario, la violencia deja de ser un fenómeno externo y se convierte en una política de facto, tolerada o facilitada desde el poder.

La coordinación entre instancias estatales y federales que permitió esta detención es un mensaje relevante: hoy existen condiciones para actuar contra la corrupción y los presuntos nexos criminales, incluso cuando estos alcanzan a figuras electas. Sin embargo, el reto es mayor. No basta con un arresto ejemplar si no se revisan de fondo los procesos de selección de candidaturas, los mecanismos de fiscalización municipal y la vigilancia permanente sobre el ejercicio del poder local. La política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad” solo será creíble si deja de ser reactiva y se convierte en preventiva.

El caso de Cintalapa debe ser un parteaguas. Si se confirma la vinculación con grupos criminales, quedará claro que el crimen no solo disputa calles, sino ayuntamientos completos. Y si no se investiga a fondo, el mensaje será igual de grave: que el sistema sigue tolerando zonas grises donde la ley se negocia. Chiapas no puede aspirar a la paz mientras el crimen tenga aliados en las presidencias municipales. La justicia no debe temblar frente al poder político; al contrario, debe empezar por ahí.