Opinión || Cuando el Estado se adelanta al delito

La seguridad no se decreta: se construye con decisiones, coordinación y voluntad política. En ese camino, la reciente inauguración de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y la puesta en marcha de la Unidad Especializada para Combatir el Delito de Extorsión en Chiapas representan un paso firme hacia un modelo de seguridad más inteligente, cercano a la gente y acorde a los desafíos actuales.

La extorsión telefónica es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía. No solo afecta el patrimonio, sino que genera miedo, incertidumbre y desconfianza. Saber que muchas de estas llamadas provienen incluso de otros estados del país hace evidente que el problema rebasa fronteras y exige respuestas contundentes. Frente a ello, el gobierno estatal ha optado por anticiparse, no reaccionar tarde, y eso marca una diferencia importante.

El mensaje del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es claro: en Chiapas no se normaliza la violencia ni se baja la guardia. La creación de una unidad especializada, con atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, demuestra que la seguridad se asume como una responsabilidad diaria y no como un discurso ocasional. La paz, como bien se dijo, no es un tema acabado; es una construcción constante que requiere estrategia, recursos y compromiso.

Uno de los mayores aciertos de esta iniciativa es la coordinación interinstitucional. La presencia y el respaldo del Gobierno de México, a través de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, confirma que cuando los distintos niveles de gobierno trabajan juntos, los resultados se potencian. La colaboración con la SSPC federal no solo fortalece las capacidades locales, sino que envía un mensaje de seriedad y corresponsabilidad frente al crimen.

En este contexto, el relanzamiento de la aplicación “No te enganches ¡Cuelga y denuncia!” es un ejemplo de cómo la tecnología puede ponerse al servicio de la ciudadanía. No se trata únicamente de una app, sino de una herramienta de prevención, denuncia y acompañamiento. Sus resultados hablan por sí solos: miles de registros, líneas canceladas, denuncias atendidas y millones de pesos en pérdidas evitadas. Detrás de esas cifras hay familias protegidas y tranquilidad recuperada.

Asimismo, es importante destacar el enfoque humanista con el que se atiende a las víctimas. Combatir la extorsión no solo implica perseguir a los delincuentes, sino también brindar atención digna, oportuna y sensible a quienes han sido afectados. En ese sentido, la visión expresada por el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, refleja una institución consciente de los retos, pero también decidida a enfrentarlos con autoridad moral, inteligencia y compromiso con Chiapas.

Estas acciones no son aisladas ni improvisadas. Son parte de una estrategia integral que entiende que la seguridad es condición indispensable para el desarrollo, la confianza ciudadana y la prosperidad compartida. Cuando el Estado invierte en prevención, investigación y atención a las víctimas, envía una señal poderosa: la ley está del lado de la gente.

Hoy, Chiapas da un paso adelante en la lucha contra la extorsión. Falta camino por recorrer, sin duda, pero avanzar con decisión ya es una buena noticia. Porque cuando las instituciones funcionan y la ciudadanía cuenta con herramientas reales para defenderse, la paz deja de ser un anhelo y empieza a convertirse en una realidad posible.