Opinión || Incluir con reglas claras: una reforma que busca hacer efectiva la atención al autismo
Por Ernesto Cruz.
El punto de partida es claro. Sí existe una ley de atención para personas con trastorno del espectro autista, pero —como la propia legisladora reconoce— toda ley es perfectible. Ahí radica el valor de su propuesta: intervenir quirúrgicamente tres ordenamientos clave (educación, salud y derechos de niñas, niños y adolescentes) para cerrar vacíos operativos que hoy limitan la inclusión real.
En materia educativa, el planteamiento no es menor. Incorporar explícitamente a las personas dentro del espectro autista en la definición de educación especial implica reconocer una realidad que ya existe en las aulas, pero que no siempre está respaldada por condiciones adecuadas. La propuesta de capacitación docente no es un añadido decorativo; es un componente estructural. Sin formación especializada, la inclusión se queda en discurso.
En salud, la iniciativa apunta a uno de los déficits más críticos del sistema: la detección oportuna. Establecer protocolos de tamizaje desde la primera infancia no solo mejora el diagnóstico, sino que redefine las trayectorias de vida de miles de personas. Aquí aparece otro acierto técnico: asignar a la Secretaría de Salud la operación del registro estatal. Parece un detalle administrativo, pero en política pública los detalles son determinantes. Sin una autoridad clara que concentre y procese la información, cualquier registro es, en los hechos, inoperante.
El tercer eje —derechos de niñas, niños y adolescentes— consolida la propuesta al establecer obligaciones concretas para autoridades estatales y municipales. Esto es fundamental en estados como Chiapas, donde la brecha entre la ley y su implementación suele ampliarse en contextos locales, particularmente en comunidades indígenas. La diputada no evade este desafío: reconoce que la clave estará en la coordinación institucional y en la capacidad de la Secretaría de Salud para convertirse en primer contacto efectivo con las familias.
Hay, además, un elemento discursivo que merece atención: la redefinición de la inclusión. Negrón lo plantea con claridad —no se trata de dar un trato “especial”, sino de integrar plenamente. Este enfoque se alinea con estándares contemporáneos en derechos humanos y desplaza visiones asistencialistas que, aunque bien intencionadas, terminan reproduciendo exclusión.
Donde la iniciativa también abre una ventana es en el ámbito laboral. Reconocer los distintos niveles dentro del espectro autista y vincularlos con oportunidades de empleo digno introduce una discusión que rara vez se aborda en la agenda legislativa local. No es un tema accesorio: es la diferencia entre políticas simbólicas y políticas que impactan la autonomía económica de las personas.
Por supuesto, legislar es solo el primer paso. El verdadero reto será la implementación: presupuesto, capacitación, coordinación interinstitucional y voluntad política sostenida más allá de coyunturas sexenales. Sin embargo, ese riesgo no descalifica la iniciativa; al contrario, subraya su pertinencia. Precisamente porque las políticas públicas cambian, dejar bases firmes en la ley es una estrategia de continuidad.
En síntesis, la propuesta de Andrea Negrón no busca reinventar el marco legal, sino hacerlo funcionar. Y en un entorno donde muchas reformas se quedan en lo declarativo, apostar por la operatividad es, en sí mismo, un acto político relevante. Aquí, la inclusión no se enuncia: se diseña.
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