Mactumactzá: la vieja presión política vuelve a las calles

Las recientes movilizaciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Escuela Normal Rural Mactumactzá vuelven a colocar a Tuxtla Gutiérrez frente a un escenario que durante años marcó la vida política y social de la capital chiapaneca: bloqueos, protestas, confrontación y una permanente tensión entre autoridad y normalistas.

Sin embargo, el contexto actual tiene matices distintos. En sexenios anteriores, particularmente en la recta final del pasado gobierno, las movilizaciones de este grupo fueron contenidas con mayor firmeza, reduciendo significativamente las acciones que durante años afectaron la movilidad, la percepción de seguridad y la estabilidad social en la capital. Hoy, en la llamada “Nueva ERA” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el escenario parece comenzar a cambiar.

Los estudiantes de Mactumactzá mantienen una postura de confrontación activa frente al gobierno de Chiapas, intensificando sus movilizaciones en Tuxtla Gutiérrez. Sus protestas se centran en demandas de justicia penal, cancelación de procesos judiciales anteriores y el cese de desalojos forzados. Enarbolan además la exigencia de justicia por el caso de su compañero Jesús Alaín Vázquez, estudiante que falleció en mayo de 2025 tras caer de una camioneta durante una persecución policial.

Mientras los normalistas sostienen que existió responsabilidad directa de elementos estatales en el fallecimiento, las autoridades manejaron inicialmente el caso como un accidente. Esa diferencia de versiones mantiene viva la indignación estudiantil y ha servido como detonante para reactivar las protestas.

Durante las marchas del Día del Maestro y en recientes movilizaciones, los alumnos quemaron réplicas de cartón de patrullas de los llamados “Pakales” frente al Palacio de Gobierno, en una acción simbólica de repudio. A ello se suman nuevas exigencias: la cancelación de carpetas de investigación contra 95 estudiantes detenidos en mayo de 2021 durante operativos en la autopista San Cristóbal-Tuxtla, así como garantías para la asignación de plazas docentes, transparencia en convocatorias y el fin de lo que consideran una criminalización histórica contra el normalismo rural.

Pero más allá de las demandas legítimas o de la narrativa política que rodea al movimiento, hay un punto que comienza a generar inquietud social: la percepción de desorden e inseguridad que estas movilizaciones provocan entre la ciudadanía.

Y es ahí donde realmente empieza la medición política para el gobierno estatal.

Hasta ahora, la administración de Eduardo Ramírez no ha optado por el uso de la fuerza pública. No hay imágenes de operativos represivos ni confrontaciones directas como las que marcaron otras etapas del conflicto normalista. La estrategia parece ser permitir las manifestaciones, evitar la escalada y apostar al desgaste natural del movimiento.

Sin embargo, esa tolerancia también tiene costos.

Los bloqueos en vialidades estratégicas, las afectaciones al tránsito, la quema de objetos frente al Palacio de Gobierno y las acciones de presión social comienzan a impactar directamente en el ánimo ciudadano. Porque aunque no exista violencia abierta, sí se erosiona la percepción de orden y estabilidad que el actual gobierno ha buscado proyectar desde el inicio de su administración.

La ciudadanía observa. Y mientras algunos respaldan las exigencias de justicia de los normalistas, otros comienzan a cuestionar hasta dónde debe permitirse que las protestas alteren la vida cotidiana de miles de personas.

El reto para el gobierno no es sencillo. Reprimir podría reactivar viejas heridas políticas y convertir a los estudiantes en mártires sociales. Pero permitir indefinidamente acciones que afecten la movilidad y la tranquilidad ciudadana también desgasta la imagen institucional.

Por ahora, los normalistas de Mactumactzá parecen haber encontrado nuevamente las calles como mecanismo de presión. Y el gobierno estatal, sin responder con fuerza, empieza también a medir el termómetro social de una ciudadanía que exige diálogo, sí, pero también orden y gobernabilidad.