Opinión || Entre la burocracia y la buena fe: cuando el COBACH queda a deber

En Chiapas, donde miles de pequeñas y medianas empresas sobreviven literalmente al día, un adeudo institucional no es un simple trámite administrativo: es una cadena de afectaciones que golpea empleos, proveedores y economías familiares. El caso de la empresaria Rosario Moreno Álvarez, directora de Acacia Hotel, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en muchas dependencias públicas: los servicios sí se solicitan, sí se utilizan, pero al momento de pagar aparecen las observaciones, las inconsistencias y los vacíos documentales.

La empresaria sostiene que brindó hospedaje y alimentación para actividades vinculadas al Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), incluyendo estudiantes y eventos institucionales. Habla de acuerdos de buena fe, de solicitudes urgentes y de un adeudo superior a los 91 mil pesos que lleva meses sin resolverse. Del otro lado, el Cobach responde con un posicionamiento institucional: no reconoce adeudos en la actual administración y argumenta inconsistencias administrativas heredadas de ejercicios anteriores. Jurídicamente, ambas partes defienden posiciones entendibles; políticamente, el asunto revela una falla estructural mucho más profunda.

Porque aquí la discusión no debe centrarse únicamente en si existe o no una requisición completa, sino en la responsabilidad institucional del Estado cuando un servicio efectivamente fue recibido. Si hubo hospedaje, alimentos entregados, estudiantes atendidos y actividades realizadas, alguien dentro de la estructura gubernamental autorizó, gestionó o permitió esas operaciones. Y si existieron irregularidades administrativas, corresponde a las instituciones investigar a los funcionarios responsables, no trasladar automáticamente el costo al proveedor que actuó confiando en la palabra y la operación del gobierno.

La transición entre administraciones tampoco puede convertirse en una especie de “borrón financiero” donde las nuevas autoridades desconocen compromisos pendientes bajo el argumento de que fueron generados por gestiones anteriores. La continuidad institucional existe precisamente para garantizar que el Estado no dependa de los cambios políticos sexenales o administrativos. De lo contrario, cualquier empresario que trabaje con gobierno quedaría permanentemente expuesto a perder su patrimonio cada vez que cambie un director, un secretario o un gobernador.

También es cierto que las instituciones públicas están obligadas a cuidar el dinero público y evitar pagos sin sustento documental. Nadie puede exigir que se violenten los procesos de fiscalización. Pero una cosa es revisar y otra muy distinta congelar indefinidamente casos donde aparentemente sí hubo prestación de servicios. La legalidad no debe ser utilizada como escudo para evadir responsabilidades administrativas heredadas.

El mensaje que deja este caso es delicado para Chiapas. Cuando un proveedor siente que trabajar con gobierno representa riesgo financiero, incertidumbre o desgaste interminable, el impacto termina afectando al propio servicio público. Menos empresas quieren participar, menos negocios confían y se deteriora la relación entre iniciativa privada e instituciones.

La pregunta de fondo no es solamente quién tiene la razón jurídica. La verdadera pregunta es qué tan capaz es el Cobach de responder con seriedad, transparencia y sensibilidad cuando existen conflictos derivados de su propia operación interna. Porque detrás de cada factura detenida no hay únicamente números: hay trabajadores esperando salarios, proveedores esperando pagos y familias esperando certidumbre.