Chiapas genera la energía de México, pero paga como si no aportara nada
Hay preguntas que incomodan porque ponen en evidencia una contradicción que parece difícil de explicar. Una de ellas es esta: ¿Cómo es posible que Chiapas produzca alrededor del 14.4% de la energía hidroeléctrica nacional y, aun así, miles de familias enfrenten tarifas eléctricas que no corresponden con las temperaturas que viven durante buena parte del año?
El debate no gira en torno a regalar electricidad. Se trata de revisar si el esquema tarifario vigente sigue respondiendo a la realidad climática del estado.
La Comisión Federal de Electricidad clasifica las tarifas domésticas de estímulo desde la 1 hasta la 1F. La diferencia entre ellas depende de la temperatura media mínima en verano de cada localidad. Mientras la tarifa 1B corresponde a zonas con una temperatura media mínima de 28 °C, la 1F se aplica donde esa media alcanza al menos 33 °C, otorgando un subsidio mayor y permitiendo un consumo más amplio antes de pasar a la costosa tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo).
El problema es que gran parte de Chiapas permanece en la tarifa 1B, aunque durante el verano ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Palenque, Tonalá o Tapachula registran máximas superiores a los 35 grados, e incluso cercanas a los 38 °C. Quienes viven esa realidad saben que un ventilador ya no basta y que el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad.
Mientras tanto, estados como Sonora, Baja California o algunas regiones de Veracruz cuentan con tarifas 1E o 1F, que ofrecen subsidios considerablemente mayores. Esa diferencia significa que los usuarios pueden consumir más electricidad subsidiada antes de perder el beneficio.
El planteamiento realizado por COPARMEX Chiapas pone sobre la mesa un debate que merece atención. No se trata únicamente de exigir un beneficio económico, sino de revisar si el modelo tarifario vigente sigue siendo justo frente a la realidad que viven millones de chiapanecos.
Pero existe una paradoja todavía más grande.
Chiapas no es un estado cualquiera dentro del sistema eléctrico nacional. Es uno de los principales productores de energía hidroeléctrica del país gracias al complejo del río Grijalva, integrado por las centrales La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, consideradas entre las obras de infraestructura más importantes de México. En conjunto aportan una parte fundamental de la electricidad limpia que consume el país y colocan a Chiapas como uno de los mayores generadores hidroeléctricos de la República.
A ello se suma Chicoasén II, un proyecto hidroeléctrico que permaneció detenido durante varios años por conflictos contractuales y procesos legales, pero que actualmente forma parte de los proyectos estratégicos para incrementar la capacidad de generación eléctrica con energías limpias. Cuando entre en operación aportará alrededor de 240 megawatts adicionales al Sistema Eléctrico Nacional.
La pregunta es inevitable: si Chiapas genera una parte tan importante de la electricidad del país, ¿por qué sus habitantes no reciben un tratamiento tarifario acorde con su clima?
La respuesta técnica es que las tarifas no se determinan por la cantidad de energía que produce un estado, sino por criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda y la CFE, basados principalmente en promedios de temperatura y consumo. Esa explicación es jurídicamente válida, pero no necesariamente resuelve la percepción de inequidad que existe entre millones de usuarios.
Porque la realidad cotidiana cuenta otra historia.
Cada verano miles de familias ven incrementarse sus recibos precisamente cuando más necesitan refrigerar sus viviendas. También pequeños comercios, restaurantes, talleres y negocios familiares enfrentan costos crecientes para mantener funcionando equipos de refrigeración o climatización. La energía eléctrica deja de ser solamente un servicio público y se convierte en un factor que afecta la economía familiar y la competitividad regional.
Nadie plantea que por producir electricidad Chiapas deba recibir energía gratuita. Lo que muchos ciudadanos, organismos empresariales y especialistas sostienen es que las tarifas deberían actualizarse con base en la realidad climática actual, considerando que el aumento de las temperaturas ya no corresponde a los parámetros establecidos hace décadas.
El cambio climático está modificando las condiciones de prácticamente todo el país. Lo lógico sería que los criterios para asignar subsidios evolucionaran al mismo ritmo.
Porque al final la discusión no es únicamente sobre kilowatts o recibos de luz. Es sobre justicia.
¿Es justo que uno de los estados que más electricidad limpia produce para México siga pagando tarifas que muchos consideran ajenas a su clima?
Esa respuesta no debería depender únicamente de una fórmula administrativa, sino de la voluntad de revisar un modelo que hoy, para muchos chiapanecos, parece haberse quedado atrás mientras el calor sigue aumentando.


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