Opinión || Entre la protección y la libertad: el reto de legislar en tiempos de polarización

En una época en la que un video de pocos segundos puede generar más impacto que una sesión legislativa de varias horas, la política enfrenta un desafío que va mucho más allá de aprobar leyes. También debe combatir la desinformación, recuperar la confianza ciudadana y responder a problemas que evolucionan más rápido que las propias instituciones.

Las declaraciones de la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza, reflejan precisamente esa realidad. Su discurso aborda temas que hoy ocupan el centro del debate público: la prevención del delito entre menores, el uso de las redes sociales, la violencia, las adicciones, la libertad de expresión y la manipulación de la información.

Uno de los puntos más relevantes es el reconocimiento de que la seguridad no depende únicamente de policías, fiscales o legisladores. La diputada plantea que el combate a la violencia comienza en casa. Difícilmente una estrategia de seguridad tendrá éxito si las familias permanecen ausentes, si las adicciones siguen normalizándose o si la sociedad guarda silencio frente a los delitos. La denuncia ciudadana sigue siendo una herramienta indispensable para romper los círculos de violencia.

También resulta pertinente el llamado a ofrecer alternativas sanas para niñas, niños y adolescentes. El impulso al deporte como herramienta de prevención no es una idea nueva, pero sí una estrategia que ha demostrado resultados cuando va acompañada de políticas públicas permanentes. En un contexto donde las organizaciones criminales utilizan redes sociales para reclutar jóvenes, cualquier espacio que fortalezca la convivencia y el sentido de pertenencia representa una inversión en el futuro.

Sin embargo, el debate se vuelve mucho más complejo cuando entra en escena el mundo digital.

La preocupación sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad es compartida por especialistas en salud mental, educación y seguridad. Ansiedad, desinformación, ciberacoso y exposición a grupos delictivos son riesgos reales. No obstante, cualquier intento de regulación enfrenta un límite fundamental: la libertad de expresión.

La propia legisladora reconoce que existe "una línea muy delgada". Y tiene razón. Regular contenidos sin caer en la censura representa uno de los mayores desafíos jurídicos de la actualidad. Una legislación mal diseñada podría terminar afectando el trabajo periodístico, limitando la crítica o inhibiendo el derecho ciudadano a informarse.

En ese sentido, resulta positivo que el Congreso admita que aún trabaja en propuestas y que busque evitar medidas que puedan convertirse en mecanismos de censura. La solución difícilmente estará en prohibir más, sino en educar mejor y fortalecer la alfabetización digital.

Otro aspecto que deja enseñanzas es la controversia alrededor de las reformas relacionadas con la comunidad LGBTQ+. Más allá de las posiciones ideológicas, el episodio evidenció un problema recurrente en la política mexicana: la velocidad con la que circula la desinformación.

Cuando una parte importante de la sociedad cree que se aprobó una ley que en realidad nunca existió, queda claro que la comunicación institucional falló y que los actores políticos también encontraron terreno fértil para la confrontación. El Congreso sostiene que únicamente aprobó ajustes administrativos y acciones afirmativas, mientras diversos sectores interpretaron algo completamente distinto.

Eso obliga a una reflexión incómoda para todos.

Las autoridades deben comunicar con mayor claridad y oportunidad sus decisiones. Pero también la ciudadanía tiene la responsabilidad de verificar antes de compartir información. Hoy cualquier persona puede convertirse en un medio de comunicación desde un teléfono celular. Esa democratización trae enormes beneficios, pero también enormes responsabilidades.

Quizá la frase más importante de toda la entrevista no fue sobre leyes, sino sobre corresponsabilidad. Ningún gobierno puede sustituir el papel de las familias, de las escuelas, de los medios de comunicación ni de la sociedad organizada.

Chiapas necesita instituciones fuertes, pero también ciudadanos críticos. Necesita combatir la violencia sin sacrificar libertades. Necesita frenar la desinformación sin censurar voces. Y necesita entender que, en la era digital, la verdad también requiere ser defendida.

Ese es, probablemente, el verdadero reto que enfrenta hoy el Congreso del Estado. No únicamente legislar, sino hacerlo en medio de una sociedad cada vez más polarizada, donde informar correctamente puede ser tan importante como aprobar una buena ley.