Cuando la justicia protege a la niñez, Chiapas da un paso adelante

• Hay asuntos que no pueden admitir silencios, justificaciones ni indiferencia. La protección de niñas y adolescentes es uno de ellos.

La reciente detención de un segundo presunto responsable por el delito de cohabitación forzada en Larráinzar coloca nuevamente sobre la mesa un mensaje que merece ser contundente: ninguna práctica, tradición o circunstancia puede estar por encima de los derechos de una niña.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado, una adolescente de apenas 12 años habría sido entregada por su padre a cambio de una cantidad de dinero. El padre fue detenido en junio y ahora también fue detenido quien presuntamente recibió a la menor. Ambos enfrentarán a la justicia.

Más allá de las circunstancias particulares del caso —que deberán determinarse dentro del proceso judicial— hay algo que resulta fundamental: cuando una niña es víctima, el Estado tiene la obligación de actuar.

Y en este punto hay un cambio importante.

En febrero de 2026, Chiapas aprobó reformas para sancionar penalmente la cohabitación forzada de menores de edad. El caso de Larráinzar fue presentado como el primero judicializado bajo este nuevo marco jurídico.

Esto significa que una conducta que durante mucho tiempo pudo permanecer normalizada en determinados contextos hoy tiene una respuesta desde las instituciones de justicia.

Eso es positivo.

Pero también representa una enorme responsabilidad.

Porque proteger a las niñas no significa únicamente detener a los presuntos responsables. Significa prevenir, investigar, acompañar a las víctimas, garantizarles acceso a la justicia y trabajar para que ninguna menor vuelva a ser considerada objeto de intercambio o decisión de terceros.

Una niña no se entrega. Una niña no se negocia. Una niña no pertenece a nadie.

En materia de seguridad, además, existen indicadores oficiales que muestran una tendencia favorable para Chiapas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, al corte de agosto de 2026, la entidad registra una reducción en distintos indicadores delictivos; por su parte, el Gobierno federal informó una disminución de 64% en el promedio diario de homicidios dolosos entre diciembre de 2024 y agosto de 2026.

Son datos que deben reconocerse.

Pero reconocer avances no significa bajar la guardia.

Los números pueden mostrar una tendencia; las víctimas nos recuerdan que detrás de cada carpeta de investigación existe una persona, una familia y una historia que merece justicia.

Por eso, el verdadero reto para las instituciones es mantener el rumbo: menos delitos, más prevención, investigaciones sólidas y cero tolerancia frente a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

La seguridad no se construye únicamente con operativos o detenciones. También se construye defendiendo derechos, fortaleciendo las instituciones y dejando claro que ninguna niña está sola frente al abuso.

Si Chiapas quiere avanzar hacia una sociedad más segura y justa, este debe ser uno de los principios fundamentales: los derechos de la niñez no se negocian, no se condicionan y no se pueden poner a debate. Se protegen.

Y cuando la justicia llega hasta donde antes había silencio, Chiapas da un paso adelante.