59 familias siguen esperando

Hay cifras que no deberían convertirse nunca en simples estadísticas. En Chiapas, entre enero y septiembre de 2026, fueron documentados 288 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, de acuerdo con información atribuida a Melel Xojobal. De ese total, 229 menores fueron localizados, pero 59 permanecían sin ser ubicados al momento del corte. Detrás de esos 59 casos no hay solamente expedientes, carpetas o números: hay familias que todos los días esperan una llamada, una noticia y, sobre todo, respuestas.

El dato se vuelve todavía más preocupante cuando observamos quiénes son las principales víctimas. De los 288 casos, 164 corresponden a menores de identidad indígena y 195 son niñas y adolescentes. Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Comitán concentran una parte importante de los reportes. Esto obliga a preguntarnos qué está ocurriendo con nuestra niñez y adolescencia, particularmente con quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad. La desaparición de una persona menor de edad no puede normalizarse ni convertirse en parte del paisaje cotidiano de una sociedad que pretende proteger a sus niñas, niños y adolescentes.

Pero existe una preocupación todavía mayor: testimonios documentados por organizaciones defensoras de la niñez señalan posibles mecanismos de captación o enganche, traslados y situaciones que podrían estar relacionadas con explotación, trata de personas o reclutamiento por grupos criminales. Aquí debemos ser responsables: se trata de señalamientos y posibles líneas de investigación, no de hechos que deban darse por comprobados. Precisamente por eso corresponde a las autoridades investigar a fondo, determinar responsabilidades y establecer qué ocurrió en cada caso. Cuando existen indicios que involucran a menores, ninguna hipótesis debería ser descartada sin investigación.

También es importante recordar que los datos pueden variar dependiendo de la fuente, el periodo de corte y la metodología utilizada. Por ello, las cifras de organizaciones civiles y las registradas en sistemas oficiales deben analizarse con rigor, sin mezclarlas ni presentarlas como equivalentes. Pero hay algo que ninguna diferencia estadística puede cambiar: cada desaparición representa una emergencia para una familia. La búsqueda de una niña, un niño o un adolescente no puede esperar a que transcurran horas, días o semanas; debe activarse de inmediato y con todos los recursos disponibles.

Porque al final, 59 no es solamente un número. Son 59 historias que, al corte de la información, todavía no tenían una respuesta. Son madres, padres, hermanos y familias que siguen esperando. Y como sociedad, no podemos acostumbrarnos a escuchar que un menor desapareció y continuar con nuestra vida como si nada hubiera ocurrido. Cada niña, cada niño y cada adolescente que desaparece merece ser buscado hasta ser localizado. Y cada familia merece respuestas.