#Opinión // Justicia transparente y con rostro humano, un deber ineludible

El reciente percance automovilístico en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que tuvo como saldo la trágica pérdida de la vida de Domingo Hernández Vázquez, no solo enlutó a una familia, sino que volvió a poner sobre la mesa la enorme responsabilidad que implica el ejercicio del poder público. La declaración del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, si bien expresa condolencias y detalla las acciones emprendidas, también nos obliga como sociedad a reflexionar sobre lo que realmente significa la rendición de cuentas y el acceso a una justicia con enfoque humano.

El hecho de que una unidad oficial de la Fiscalía General del Estado se haya visto involucrada en este accidente no puede tratarse con ligereza. Sin embargo, es digno de reconocer que desde el primer momento se haya instruido a la Fiscalía de Justicia Indígena para iniciar las investigaciones y establecer una mesa de trabajo coordinada con el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena. Que las diligencias se estén desarrollando con la participación de las autoridades comunitarias en la propia cabecera municipal habla de una apertura institucional poco común, pero absolutamente necesaria.

También es relevante que se haya activado la cobertura de la aseguradora para garantizar la reparación del daño. Pero más allá de lo material, lo esencial aquí es el compromiso declarado de la FGE de investigar a fondo y deslindar responsabilidades. No se trata solo de cumplir con protocolos o mostrar disposición pública, sino de ejercer una justicia real, efectiva y empática, especialmente en comunidades indígenas donde históricamente ha prevalecido la desconfianza hacia las autoridades.

La transparencia con la que se ha informado a la ciudadanía y el hecho de que los elementos involucrados se encuentren bajo resguardo en los separos de la Policía Municipal demuestra un mínimo ético que esperamos no solo se mantenga, sino que se eleve como norma. No hay confianza sin consecuencias claras, y no hay justicia si no se reconoce el dolor de las víctimas.

Este lamentable hecho debe ser un llamado de atención a las instituciones para reforzar la supervisión, la capacitación y el sentido de responsabilidad en el uso de vehículos oficiales. Pero también debe recordarnos que la justicia no solo se ejerce en los tribunales, sino en cada acto de respeto a la vida y a la verdad.

Hoy más que nunca, Chiapas necesita instituciones que no solo reaccionen, sino que se anticipen con protocolos de prevención, formación sensible y, sobre todo, una voluntad genuina de ponerse al lado de la gente. La justicia con rostro humano no es un ideal lejano, es una obligación presente.