Chiapas y la Ruta Valiente para Erradicar el Embarazo Infantil

Por Ernesto Cruz.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, lo dijo con claridad y sin rodeos: “Nuestras cifras son un poco vergonzosas.” Y tenía razón. Chiapas encabeza los índices de embarazo infantil y adolescente en el país, una realidad tan dura como inaceptable. Pero lo relevante no está solo en el diagnóstico, sino en la valentía política para actuar, y eso es exactamente lo que está haciendo este gobierno.

Desde Las Margaritas, durante la Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, el gobernador anunció una de las medidas más contundentes de los últimos años: la presentación de una nueva ley estatal para la interrupción legal del embarazo infantil y adolescente, acompañada de una estrategia integral de salud, prevención y acompañamiento.

De la vergüenza a la acción: una política con visión y responsabilidad

Reconocer el problema es el primer paso, pero actuar con firmeza es lo que marca la diferencia entre un discurso vacío y una política pública transformadora. El gobernador no se limitó a lamentar las cifras: anunció una ley, instruyó a la Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar, y comprometió recursos y estructura para garantizar que ninguna niña víctima de violación se vea obligada a ser madre.

Esta nueva legislación estatal se enmarca en una visión progresista que, como bien expresó el gobernador, rechaza el juicio moral o ético y se enfoca en lo que verdaderamente importa: la salud, la dignidad y el futuro de niñas, adolescentes y mujeres chiapanecas.

Educación, salud y derechos: pilares de una estrategia real

La propuesta no se queda en el plano legislativo. Ramírez Aguilar anunció también una estrategia interinstitucional que incluye:

• Acceso permanente a servicios de salud sexual y reproductiva en universidades públicas a través de unidades móviles y clínicas itinerantes.

• Colaboración directa con la Secretaría de las Mujeres de Chiapas y del gobierno federal, lideradas por Dulce Rodríguez y Citlalli Hernández, respectivamente.

• Difusión clara de derechos reproductivos: la despenalización del aborto en Chiapas, lograda recientemente, será socializada para que todas las mujeres sepan que cuentan con el respaldo legal y médico del Estado.

• Estrategia 8M mensual: cada día 8, se realizarán acciones específicas y contundentes para erradicar la violencia y acompañar a las mujeres, como la liberación de mujeres injustamente encarceladas o la apertura de Centros Libres de Violencia, como el inaugurado en Las Margaritas.

La seguridad que también se mide en derechos

Un dato revelador del discurso del gobernador fue el contraste entre los logros en seguridad pública y el repunte de delitos contra las mujeres:

“Ya disminuimos homicidios, extorsión, asaltos a carretera y desapariciones. Pero sigue subiendo el delito de violación sexual y abuso infantil.”

Este reconocimiento da en el corazón del problema: la violencia contra las mujeres y las infancias no se combate solo con patrullas, sino con educación, prevención, justicia y políticas públicas con perspectiva de género. Y la voluntad política expresada en esta jornada apunta exactamente hacia allá.

El mensaje que cambia vidas

“Ninguna niña, ni ningún niño debe estar cuidando hijos.”

Esta frase, tan simple como poderosa, es el núcleo de esta nueva etapa en Chiapas. La adolescencia es una etapa para soñar, formarse y crecer, no para ser obligadas a asumir una maternidad impuesta por violencia, ignorancia o abandono del Estado.

Eduardo Ramírez se ha comprometido públicamente a generar las condiciones para que eso sea una realidad. Y no está solo: la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su estrategia de género y la Secretaría de las Mujeres, está impulsando una agenda nacional de justicia, salud y autonomía que ya empieza a tomar forma en los estados.

Un nuevo camino para Chiapas

Hoy Chiapas deja atrás décadas de indiferencia institucional frente al embarazo infantil. Lo hace con una ley nueva, una estrategia integral y un mensaje sin ambigüedades: el Estado tiene la responsabilidad de proteger, informar, prevenir y garantizar derechos.

Lo que se anunció en Las Margaritas no es un acto simbólico. Es una ruta clara, firme y transformadora, que —si se implementa con seriedad y continuidad— puede marcar un antes y un después en la vida de miles de niñas y jóvenes chiapanecas.

Porque cuando se protege el derecho a decidir, se protege también el derecho a vivir plenamente. Y eso, en política pública, es lo más cercano a hacer justicia.