La renuncia que sí importa: Política Fiscal y el costo de mirar hacia otro lado

Por años, el ambulantaje en el Centro de Tuxtla Gutiérrez ha sido un fenómeno tolerado, alimentado y, finalmente, convertido en un negocio paralelo donde pocos ganan y miles pierden. La voz de los mercados —la de los locatarios que pagan impuestos, servicios, derechos y sobreviven con ventas desplomadas— lleva años exigiendo un freno. Pero lo que ha ocurrido recientemente rebasa la simple omisión: se trata de un aparato institucional que ha normalizado la corrupción como política pública.

Las declaraciones de Isabel Nanguéce Tondopo, secretaria de interiores del mercado Juan Sabines, lo dejan incontestablemente claro.

“Todos los espacios libres los venden”

Isabel no habla desde la comodidad de un escritorio. Habla desde dentro del mercado, desde el punto donde la informalidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en rampillas, carretillas y puestos improvisados que ofrecen —a un precio inferior— lo mismo que los locatarios venden adentro… solo que sin pagar lo que ellos pagan.

“Todos los espacios que ven libres los venden”, afirma con contundencia.

“Afuera pagan $20 por su metro; nosotros pagamos piso, básculas, Salud, Hacienda. De ahí tiene que salir todo.”

La ecuación es injusta, desigual y éticamente indefendible. Mientras el comercio formal sostiene la economía local, el municipio convierte la vía pública en un mercado pirata donde la tarifa es mínima y el impacto devastador.

Un coordinador de Política Fiscal que prefiere renunciar antes que ordenar

Pero lo más grave es lo que Isabel relata sobre la reacción de Efraín Díaz Tipa, Coordinador General de Política Fiscal.

“Nos dijo que a él se le hacía injusto levantar al comercio informal, que antes de hacer eso mejor renunciaba. Pues esperamos su renuncia.”

La frase no solo es ofensiva para quienes representan —como ella misma señala— entre 1,600 y 1,700 familias, sino que revela el verdadero conflicto de interés: Díaz Tipa no está defendiendo un principio de justicia social; está defendiendo un sistema que ha permitido que su propia estructura se mantenga intacta y funcional.

Un funcionario que se niega a cumplir la ley no debe seguir en el cargo.

Uno que declara abiertamente que prefiere no actuar tampoco.

Y uno que se justifica “por su familia”, mientras ignora a miles de familias afectadas, simplemente ha renunciado desde el momento en que lo dijo.

El centro de Tuxtla: de corazón comercial a zona de abandono

Las consecuencias están a la vista:

• 80% de caídas en ventas, según estimaciones de los propios locatarios.
• Mercados como el Pascacio Gamboa “desiertos por dentro y rodeados por fuera”.
• Una competencia desleal que ha convertido a los mercados tradicionales en estructuras vaciadas.
• Un gobierno municipal que juega a evadir responsabilidades, repartiendo culpas entre direcciones para no enfrentar el problema de raíz.

El ambulantaje no es —como algunos funcionarios quieren hacer creer— una expresión romántica del comercio popular. Es un fenómeno usado como instrumento político, caja chica municipal y botín de reparto en cada trienio.

Reubicación: el único punto real de negociación

Isabel lo resume con claridad:

• “Ellos también tienen derechos, okay, pero no sin afectar a los que ya estábamos. Estamos pidiendo reubicación.”

La reubicación no es desalojo.

No es represión.

No es quitarle derechos a nadie.

Es orden, legalidad y equilibrio para que todos puedan trabajar sin destruirse mutuamente.

Y, sobre todo, es la única salida viable para un conflicto que ya superó el límite de lo tolerable.

El llamado final

La solicitud de renuncia para Efraín Díaz Tipa no es un capricho ni una estrategia político-electoral.

Es un mensaje claro: si un funcionario es incapaz de cumplir la ley, no debe dirigir la política fiscal de un municipio.

Tuxtla merece orden.

Los mercados merecen respeto.

Y la ciudadanía merece caminar por sus calles sin que estén a la venta.

La renuncia no es solo necesaria: es el primer paso para recuperar la ciudad.