Entre la ley, la salud y la infancia vulnerada

El caso de la adolescente de 13 años que dio a luz en San Cristóbal de Las Casas no puede reducirse a un parte médico ni a un boletín institucional. Más allá de que la madre y el recién nacido se encuentren estables tras las complicaciones derivadas del sarampión, el hecho vuelve a colocar en el centro del debate una realidad incómoda: la persistente vulneración de los derechos de niñas y adolescentes en contextos de marginación, normalización social y vacíos de prevención.

Que una menor de edad enfrente un embarazo, un parto y una enfermedad prevenible por vacunación revela fallas estructurales que van desde el acceso limitado a servicios de salud hasta la ausencia de educación sexual integral y esquemas de vacunación completos. El sarampión, una enfermedad que debería estar erradicada mediante la prevención, se convierte aquí en una agravante de una situación que nunca debió ocurrir.

La información preliminar sobre la cohabitación entre la adolescente y un joven de 17 años, con el consentimiento de ambas familias, abre un debate complejo entre usos y costumbres, marcos legales y derechos humanos. Si bien estas prácticas existen en diversas comunidades, ello no exime al Estado de su obligación de proteger el interés superior de la niñez. El consentimiento familiar no puede ni debe sustituir la protección legal y social que corresponde a una menor de 13 años.

Es positivo que la Fiscalía de Justicia Indígena continúe con la integración de la carpeta de investigación. No para criminalizar la pobreza ni las tradiciones, sino para esclarecer responsabilidades y, sobre todo, para sentar precedentes que prioricen la salud, la dignidad y el desarrollo integral de niñas y adolescentes. Este caso debe ser una llamada de atención urgente: prevenir es tan importante como investigar, y proteger debe estar siempre por encima de justificar.