Opinión || Seguridad con capacidad de respuesta: una apuesta estratégica para Chiapas
La iniciativa anunciada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para impulsar una reforma que permita a las corporaciones de seguridad estatal portar armas de muy alto poder debe analizarse no desde el alarmismo, sino desde la realidad actual que enfrenta el estado y el país en materia de seguridad. En un contexto nacional marcado por la presencia de grupos delictivos fuertemente armados, la propuesta representa una apuesta estratégica por anticiparse a escenarios de mayor riesgo y fortalecer al Estado frente a amenazas complejas.
Chiapas ha sido, de manera consistente, una de las entidades con menores índices de delitos de alto impacto a nivel nacional. Las cifras oficiales muestran reducciones importantes en homicidios dolosos, robo de vehículos y otros ilícitos de alto impacto en los últimos años. Este escenario no es producto del azar, sino del fortalecimiento progresivo de las instituciones de seguridad y de una coordinación más eficaz entre los distintos niveles de gobierno. Precisamente por ello, la propuesta del gobernador debe entenderse como una medida preventiva y no reactiva: preparar a las corporaciones estatales antes de que la violencia escale.
Uno de los principales beneficios de contar con una policía mejor armada es la capacidad disuasiva. En un país donde el crimen organizado posee armamento de uso militar, limitar a las policías estatales a equipo inferior no solo las coloca en desventaja, sino que pone en riesgo la vida de los propios elementos y de la población civil. Dotar a las corporaciones de armas de alto poder permite equilibrar fuerzas, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias y evitar que la intervención dependa exclusivamente de fuerzas federales.
Además, esta iniciativa fortalece la soberanía estatal en materia de seguridad pública. Una policía equipada y capacitada reduce la necesidad de intervenciones externas y permite respuestas más rápidas y focalizadas, especialmente en regiones donde la geografía y la dispersión poblacional dificultan la presencia permanente de fuerzas federales. En este sentido, la propuesta busca consolidar a Chiapas como un estado que asume con responsabilidad la protección de su territorio y de su gente.
Desde la perspectiva ciudadana, la percepción de seguridad es un factor clave. Aunque las estadísticas colocan a Chiapas entre los estados más seguros del país, la percepción de inseguridad persiste en ciertos sectores. Una corporación visible, equipada y con capacidad real de enfrentar a la delincuencia puede contribuir a fortalecer la confianza social en las instituciones, siempre que su actuación esté acompañada de protocolos claros, capacitación constante y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Es importante subrayar que la iniciativa no plantea una militarización automática de la seguridad pública, sino una actualización del equipamiento acorde a los desafíos actuales. El armamento, por sí solo, no resuelve el problema de la inseguridad, pero sí es una herramienta necesaria cuando forma parte de una estrategia integral que incluya prevención, inteligencia, profesionalización policial y rendición de cuentas.
En un país donde muchas decisiones en materia de seguridad se toman de forma reactiva, la propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destaca por su carácter preventivo y estratégico. Apostar por corporaciones estatales fuertes, bien equipadas y preparadas no es una señal de guerra, sino de responsabilidad. Chiapas tiene hoy la oportunidad de consolidar su estabilidad y anticiparse a los riesgos, enviando un mensaje claro: la paz se cuida, se protege y también se defiende con instituciones capaces.
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