Opinión || Paridad para las mujeres, independencia para el Congreso

Hay reformas que representan un avance para la sociedad y que, al mismo tiempo, nos obligan a reflexionar sobre la manera en que se ejerce el poder.

La aprobación por unanimidad de la Ley para garantizar la paridad de género en las planillas de los ayuntamientos de Chiapas es, sin duda, una decisión de relevancia histórica. Es una reforma que abre la puerta a una mayor participación de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones públicas.

Y eso merece reconocerse.

Durante décadas, las mujeres han enfrentado obstáculos para acceder a espacios de poder. Aunque la paridad electoral ya forma parte del marco democrático mexicano, la realidad demuestra que todavía existen resistencias, simulaciones y prácticas partidistas que limitan las posibilidades reales de las mujeres para gobernar.

La nueva legislación busca avanzar precisamente en ese terreno.

Pero, para entenderla, hay que decirlo de manera sencilla.

En el proceso electoral de 2027 todavía no se aplicará la regla de alternancia obligatoria hombre-mujer o mujer-hombre. Esa disposición entrará en vigor hasta la elección de 2030.

Para 2027, será la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la encargada de realizar una insaculación, es decir, un sorteo para determinar qué municipios corresponderán a candidaturas encabezadas por mujeres y cuáles a hombres.

Los municipios serán organizados en bloques de acuerdo con su lista nominal, con el objetivo de garantizar una verdadera paridad horizontal.

La JUCOPO deberá informar al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana los resultados de este procedimiento a más tardar el 30 de septiembre.

¿Qué significa esto en la práctica?

Que en los municipios asignados al género femenino mediante el sorteo, todos los partidos políticos estarán obligados a postular a una mujer. Mientras que en los municipios asignados al género masculino, los partidos podrán postular libremente a hombres o mujeres.

El objetivo es claro: evitar que las mujeres sean enviadas únicamente a municipios donde los partidos tienen pocas posibilidades de triunfo.

Porque la paridad no debe ser una cuota para cumplir.

Debe ser una verdadera garantía de participación política.

No basta con que una mujer aparezca en una boleta electoral si las condiciones de competencia son desiguales. No basta con presumir porcentajes de candidaturas si, en la práctica, los partidos continúan reservando los municipios más competitivos para los hombres.

La democracia se fortalece cuando las mujeres tienen posibilidades reales de ganar y de gobernar.

Por eso, esta reforma representa un paso importante para Chiapas.

Sin embargo, existe otro aspecto que no debería pasar desapercibido.

La aprobación de esta ley contó con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien acudió al Congreso del Estado y fue recibido entre aplausos por legisladores y legisladoras.

La imagen es políticamente significativa.

El gobernador fue quien impulsó la iniciativa. El Congreso fue el órgano encargado de discutirla y aprobarla.

Y aunque no existe impedimento para que el titular del Ejecutivo acompañe institucionalmente un proceso legislativo, su presencia durante una votación de esta naturaleza genera una reflexión necesaria sobre los límites y la independencia entre los poderes públicos.

No se trata de descalificar la reforma.

Tampoco se puede negar el papel del gobernador en su impulso.

Se trata de recordar que el Poder Legislativo debe conservar su autonomía, incluso cuando existe coincidencia política con el Ejecutivo.

Una democracia sólida no depende únicamente de que las leyes sean buenas. También depende de que las instituciones actúen con independencia, sin que la presencia, el peso político o la popularidad de una figura pública pueda generar la impresión de que las decisiones legislativas están predeterminadas.

El Congreso del Estado debe ser un espacio donde se debata, se analice y se decida con libertad.

Y esa libertad institucional debe protegerse siempre, incluso cuando se aprueban reformas que socialmente son necesarias y políticamente populares.

La paridad de género es una causa que trasciende partidos y gobiernos.

No pertenece exclusivamente a un gobernador, a un Congreso o a una fuerza política.

Pertenece a las mujeres chiapanecas que durante años han luchado por conquistar espacios de representación.

El verdadero reto comenzará ahora.

La ley ya fue aprobada, pero su éxito dependerá de su aplicación. Dependerá de que los partidos políticos respeten su espíritu y no busquen nuevas formas de simulación. Dependerá de que las mujeres postuladas cuenten con respaldo, recursos, estructuras y condiciones reales para competir.

Y dependerá también de que las instituciones electorales vigilen que la paridad no sea solamente un discurso.

Chiapas necesita más mujeres en las presidencias municipales, en el Congreso, en los gobiernos y en todos los espacios donde se toman decisiones.

Pero también necesita instituciones fuertes.

Porque una democracia verdaderamente madura puede celebrar una reforma histórica para las mujeres y, al mismo tiempo, exigir respeto irrestricto a la división de poderes.

Ese debería ser el mensaje de fondo.

Paridad para las mujeres, sí.

Mayor participación política, también.

Pero siempre dentro de instituciones independientes, capaces de tomar decisiones sin presiones y con plena responsabilidad frente a la ciudadanía.

Porque el avance de la igualdad no debe significar el retroceso de la autonomía institucional.

Ambas causas son indispensables para construir el Chiapas democrático que merecemos.