#Opinión || “El relevo en el COBACH: ¿decisión administrativa o daño colateral?”

El mismo día en que la Fiscalía General del Estado anunció la detención de seis funcionarios del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) por presuntos delitos de extorsión agravada, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a una nueva titular en la dirección general de ese subsistema educativo. La coincidencia de los hechos no parece fortuita y abre una serie de interrogantes sobre el alcance real de esta sacudida institucional.

Miguel Prado de los Santos fue relevado del cargo y, en su lugar, asumió Viridiana Figueroa García como nueva directora general. En su mensaje, el gobernador fue claro: pidió a los nuevos funcionarios conducirse con profesionalismo, transparencia y honestidad. Pero el contexto en que se da este relevo le imprime un significado político y ético mucho más profundo. No se trata solo de un cambio administrativo, sino de un movimiento que podría estar vinculado con el intento de limpiar una institución que, una vez más, se ve envuelta en un escándalo de corrupción.

Las investigaciones apuntan a una red de extorsión dentro del COBACH, encabezada por servidores públicos adscritos directamente a la Dirección General. Entre los detenidos hay jefes de departamento, un subdirector jurídico y un director administrativo. Es decir, no estamos ante un caso menor o aislado, sino ante un entramado que operaba desde el corazón de la estructura administrativa.

La pregunta que inevitablemente surge es: ¿hasta dónde llegaba la red? ¿El ahora exdirector general, Miguel Prado de los Santos, tenía conocimiento de estas prácticas o fue víctima de la omisión y la confianza mal depositada? Por ahora, no hay información oficial que lo vincule directamente con los hechos. Sin embargo, la simultaneidad entre su relevo y las detenciones deja espacio para la sospecha, o al menos, para la lectura política de que el gobierno estatal busca deslindarse rápidamente de cualquier sombra de complicidad.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha insistido en su política de Cero Impunidad. La acción en el COBACH parece alinearse con ese discurso. Pero también marca una oportunidad: si la nueva administración encabezada por Viridiana Figueroa García asume con rigor la tarea de depurar el sistema, este podría ser el primer paso real hacia una reforma interna que el subsistema educativo necesita desde hace años.

Porque más allá de los nombres y los relevos, lo que está en juego es la credibilidad de una institución que forma a miles de jóvenes chiapanecos. El COBACH no puede seguir siendo sinónimo de corrupción, compadrazgos y redes de poder enquistadas. Si el combate a la impunidad va en serio, deberá llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar el rango o la cercanía política de los involucrados.

Bien por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien no le tiembla la mano al tomar decisiones firmes frente a la corrupción. En un contexto donde muchos prefieren callar o proteger a los suyos, Ramírez demuestra que su compromiso con Chiapas está por encima de cualquier amistad o interés personal. Su mensaje es claro: el amor al estado y al bienestar de los chiapanecos pesa más que cualquier vínculo político o personal. Esa coherencia entre el discurso y la acción fortalece la confianza ciudadana y marca un precedente en la lucha contra la impunidad que por años ha lastimado a las instituciones públicas.

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