Justicia o retórica: el desafío de la seguridad en tiempos de Claudia Sheinbaum

La declaración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia matutina del 3 de noviembre de 2025, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, revela una postura firme en el discurso, pero incierta en la eficacia. Su intervención combina tres ejes: condena al crimen, respaldo institucional y defensa política de su estrategia de seguridad. Sin embargo, más allá del tono empático y de las referencias históricas, el mensaje deja al descubierto las tensiones estructurales de su gobierno frente a la violencia organizada.

Sheinbaum califica el homicidio como “cobarde” y “vil”, y promete “cero impunidad”. Hasta ahí, su discurso es esperable: condolencias, coordinación con el gabinete de seguridad y confianza en las instituciones. Pero pronto la narrativa se desplaza hacia un terreno político: la defensa de su modelo de seguridad frente a la “guerra contra el narco” impulsada por Calderón y Peña Nieto. La presidenta insiste en que su gobierno apuesta por la “justicia”, la “inteligencia” y la “atención a las causas”, no por la militarización.

No obstante, el contraste entre discurso y realidad es evidente. La Guardia Nacional sigue siendo el eje operativo de la seguridad pública, con fuerte presencia militar y mando castrense. Sheinbaum reivindica la “presencia e inteligencia”, pero esa presencia, en muchos municipios, se traduce más en patrullajes simbólicos que en estrategias efectivas de prevención o control territorial. La “inteligencia”, por su parte, no siempre se refleja en resultados tangibles ni en detenciones judicialmente sólidas.

El uso del pasado como argumento político —“la guerra contra el narco no funcionó”— es cierto, pero también una coartada retórica. La violencia en Michoacán, Guerrero o Zacatecas no ha disminuido significativamente pese al cambio de estrategia; los grupos criminales se han fragmentado, diversificado y, en muchos casos, infiltrado en gobiernos locales. El asesinato de un alcalde en funciones no solo es una tragedia, sino un síntoma del poder del crimen sobre las estructuras políticas municipales.

Sheinbaum tiene razón al señalar que la justicia social es indispensable para construir paz. Sin embargo, su discurso peca de una idealización de la causalidad: atender las causas de la violencia (pobreza, marginación, falta de oportunidades) es una tarea de largo plazo, mientras que los asesinatos de alcaldes, periodistas y líderes sociales ocurren hoy. La promesa de “cero impunidad” exige resultados inmediatos, no solo marcos teóricos.

Más preocupante aún es el uso político del duelo. Al acusar a la “derecha” y a los “comunicadores” de comportarse “como buitres”, la presidenta desliza una narrativa de polarización que deslegitima la crítica y desplaza la discusión del problema central: la debilidad del Estado frente al crimen organizado. Convertir una tragedia en una trinchera política erosiona la confianza ciudadana y trivializa el dolor de las víctimas.

La presidenta acierta al rechazar la intervención extranjera y reafirmar la soberanía nacional, pero la soberanía, sin eficacia institucional, se vuelve un eslogan vacío. La justicia no se decreta: se construye con resultados verificables, con ministerios públicos que funcionen, con policías locales profesionalizadas y con una independencia judicial real.

En suma, el mensaje de Sheinbaum combina claridad moral y ambigüedad operativa. Su promesa de “no rendirse nunca” es necesaria, pero insuficiente. La nación requiere menos retórica sobre el pasado y más estrategia hacia el futuro. La justicia no puede seguir siendo el ideal discursivo de cada administración: debe convertirse, por fin, en una realidad que se mida no en palabras, sino en vidas salvadas y territorios recuperados.